En la tarde del viernes, el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Torredonjimeno acogió una charla-coloquio sobre la amenaza de reforma de la administración local que quiere perpetrar el Gobierno del Partido Popular, con la falsa excusa de una Administración Pública más racional.
El acto, organizado desde la Oficina Provincial de la Vicepresidencia, fue abierto por la Delegada del Gobierno Andaluz, y contó con el Director General de Administración Local de la Junta de Andalucía -Antonio Maíllo-, y la Responsable de la Oficina de Vicepresidencia -Marisol Gutiérrez-. Asímismo intervinieron como técnicos en la materia la Presidenta del Colegio Oficial de Secretarios e Interventores, el Jefe del Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno, y el Secretario del Ayuntamiento de Torredonjimeno, todo bajo la coordinación de Juan Ortega, Secretario General Provincial de Administración Local en Jaén.
Una Ley que, de aprobarse, acabará con los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y dejará apenas sin competencias a los de menos de 20.000, que son la inmensa mayoría. Una Ley que nace inspirada por el sacrosanto control del déficit, y que sigue poniendo a la banca por encima de los vecinos y vecinas de los pueblos. Una Ley que, al quitar competencias a los Ayuntamientos y dárselas a las Diputaciones, alejará el centro de decisiones de los vecinos, y potenciará el bipartidismo. Una Ley que provocará despidos de personal laboral en los Ayuntamientos, y privatización de servicios públicos.
Nuestro Ayuntamiento perderá cualquier tipo de competencia en Educación (la limpieza de los colegios y su mantenimiento, ya no será cosa del Ayuntamiento) en Servicios Sociales (a dónde habrá que ir a gestionar las ayudas de emergencia social?) y en Fomento de la Economía Local. Y otros servicios como aguas, basura, limpieza... podrán pasar a Diputación.
La Guardería, el Centro Ocupacional, las instalaciones deportivas, los Servicios Sociales, el Centro de la Mujer, Andalucía Orienta... servicios cercanos que ahora se prestan a l@s tosirian@s, habrán de ser transferidos, con todos los recursos materiales y de personal, para que desde fuera de Torredonjimeno los gestionen empresas privadas, que mirarán sobre todo que les salga más barato.
Otra ley más en contra de la ciudadanía a la que el Gobierno, todos los gobiernos, tienen la obligación de servir.
