Reproducimos el artículo de nuestro compañero Juan Ortega Anguita, publicado hoy en Diario Jaén, con motivo del 34º aniversario de las primeras elecciones municipales de la recuperada democracia.
Pues
sí, hoy hace ya la friolera de 34 años desde que el 3 de abril de
1979, todos los que éramos mayores de edad pudimos votar a nuestros
alcaldes y concejales. Habíamos estudiado, al menos en los libros
que nos dejaban leer por entonces, que allá por febrero de 1931
Alfonso XIII, se había liquidado la “dictablanda”
de Berenguer para instaurar un gobierno de concentración monárquica.
Mi amigo Manuel Jiménez
(profesor del IPEP de Jaén), en una de las muchas conversaciones
sobre la apasionante Historia de España, me decía: “se
equivocaron en la convocatoria de las elecciones municipales el día
12 de abril, les salió la rana, rano”. Según él, así lo espetó
el entonces Presidente del Gobierno, Juan Bautista Aznar, en una
rueda de Prensa: "España
se acostó monárquica y se despertó republicana".
El 3 de abril de 1979 no fue posible esa noche mágica, pero sí es
verdad que fue la primera vez, aunque ya habíamos conversado con las
urnas en 1976, 1977 y 1978, que nos sentimos protagonistas en una
participación más directa. Por fin, después de tantos años,
íbamos a poner un alcalde para quitar un cacique.
En Torredonjimeno,
como en muchos otros pueblos y ciudades, fue un cambio radical. Un
maestro, de 37 años, independiente, pero en la lista del Partido
Comunista de España, cogió el bastón arropado por nueve concejales
y una concejala, de la misma formación política; cuatro, de UCD y
dos del PSOE. Miguel Anguita Peragón, a la sazón, alcalde durante
24 años ininterrumpidos entre PCE e IU-LV-VA, aportó con todos sus
equipos, con aciertos y errores, un trabajo denodado y sin
remunerar…¡¡¡ Qué tiempos !!!
En aquélla época la democracia
se iba abriendo por tramos cronológicos. En este que nos concierne,
en la Democracia Municipal, en la del día a día, se hacía muy
difícil acometer cualquier empresa que significara buscar trabajo
para la población, que por entonces emigrábamos a cientos y a
miles, diría yo. De pronto, nos encontramos con una Administración
cercana pero que no siempre entraba en el engranaje de la Democracia
a nivel estatal. La mayoría del Parlamento recaía en UCD y la
inestabilidad y el ruido de sables pululaban en los corrillos o en
las tertulias, ya en bares, ya en la trastienda de la Librería
Delfos; por parte de la prensa escrita sólo nos enterábamos de lo
que tamizaba la censura o el periodista se atrevía –bajo su cuenta
y riesgo- a firmar, con el peligro que ello conllevaba. Aquéllos
alcaldes, se fueron curtiendo y, tras el mal trago del 23F 1981,
abrieron la institución más cercana al ciudadano. Cualquier calle o
plaza del pueblo era buena para abordar al alcalde (había muy pocas
alcaldesas) y plantearle un problema general o particular. Con el
paso del tiempo, la soberanía de los ayuntamientos se fue
consolidando como la figura de representación democrática más
cercana y asequible a la ciudadanía.
Hoy, pasados esos 34 años, con
problemas de corrupción, de transfuguismo, con apariciones de
alcaldes fantasmagóricos y populistas, con penurias económicas por
mala o interesada gestión o como consecuencia del cambio del
artículo 135 de la CE 1978, que somete a las arcas municipales a eso
que, eufemísticamente, llaman “estabilidad
presupuestaria” cuando
mejor vendría en llamarse “asfixia
económica” y que
obliga a pagar, con prioridad absoluta, la deuda a los bancos con
intereses cuasi leoninos. Si a todo esto añadimos la asunción de
competencias sin la asignación presupuestaria adecuada…,a pesar de
todo, nuestra legislación prevé que los municipios gocen de
autonomía para la gestión de sus intereses residiéndolo en el
artículo 140 CE 1978,:”
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos
gozarán de personalidad jurídica plena… Los Alcaldes serán
elegidos por los Concejales o por los vecinos…”.
Todas estas posibilidades se verán finiquitadas si progresa el
Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local que presentó el gobierno del Partido Popular
el pasado 18 de febrero, en la que se atropellarían unos derechos
consolidados durante siete lustros y en la que la figura del alcalde
podía llegar a ser sustituida por un gestor económico.
Las
pretensiones de esta Ley no dejan inhalar el oxígeno para acometer
las competencias en servicios sociales, favorece el tutelaje, la
recentralización, los despidos y la privatización (manía del PP
per
se)
de todo lo que concierna al Consistorio. Las Diputaciones
Provinciales podrán asumir la titularidad de las competencias de
municipios menores de 20000 hab., permitiéndosele que asuman las
competencias y la potestad para aprobación de tasas y precios
públicos de cualquier servicio que se presta a la ciudadanía; y, en
caso extremo -pero factible-, cuando el Interventor comunique a
Diputación que decida la intervención (rescate?), por mayoría
simple, se podría llegar a la retirada real de los cargos electos de
gobierno. Ante estas posibles tropelías, si la ciudadanía no nos
organizamos, si los ayuntamientos no defienden su autonomía, si los
funcionarios de la Administración Local (desde la figura de
Secretaria/o hasta el auxiliar de jardinería) no quieren correr el
riesgo de estar, literalmente, en la calle, si la ciudadanía no
quiere ver su Ayuntamiento convertido en una empresa privada y
gestionados por técnicos estilo Monti en Italia, tenemos que
doblegar las pretensiones del Gobierno de Rajoy y mejorando la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
con sus revisiones, así como la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, podamos seguir manteniendo nuestras
Corporaciones Municipales con un talante y espíritu mucho más
democrático sin cambiar a la figura del Alcalde o Alcaldesa por la
figura del cacique. Sí, porque en la mayoría de los casos de los
pueblos de Andalucía las personas que quieran optar a este tipo de
representación municipal, a ser Alcalde o Alcaldesa de su pueblo, no
tendrá un sueldo digno, porque la Ley induce a rehusar la propuesta
de formar parte de una lista en la que no se le garantice el mismo
sueldo que en su trabajo de origen. Conclusión, el diseño está
perfectamente concebido para un sector de la población muy
minoritario, de entre los que sobresaldrían las personas que
tuvieran más que cubiertas sus necesidades económicas y reduciendo
así el principio de igualdad de oportunidades independientemente de
la procedencia social o situación económica de todos y cada uno de
nosotros.
