Reproducimos el artículo de nuestro compañero Juan Ortega Anguita, publicado hoy en Diario Jaén, con motivo del 34º aniversario de las primeras elecciones municipales de la recuperada democracia.
Pues
sí, hoy hace ya la friolera de 34 años desde que el 3 de abril de
1979, todos los que éramos mayores de edad pudimos votar a nuestros
alcaldes y concejales. Habíamos estudiado, al menos en los libros
que nos dejaban leer por entonces, que allá por febrero de 1931
Alfonso XIII, se había liquidado la “dictablanda”
de Berenguer para instaurar un gobierno de concentración monárquica.
Mi amigo Manuel Jiménez1
(profesor del IPEP de Jaén), en una de las muchas conversaciones
sobre la apasionante Historia de España, me decía: “se
equivocaron en la convocatoria de las elecciones municipales el día
12 de abril, les salió la rana, rano”. Según él, así lo espetó
el entonces Presidente del Gobierno, Juan Bautista Aznar, en una
rueda de Prensa: "España
se acostó monárquica y se despertó republicana".
El 3 de abril de 1979 no fue posible esa noche mágica, pero sí es
verdad que fue la primera vez, aunque ya habíamos conversado con las
urnas en 1976, 1977 y 1978, que nos sentimos protagonistas en una
participación más directa. Por fin, después de tantos años,
íbamos a poner un alcalde para quitar un cacique.
En Torredonjimeno, como en muchos otros pueblos y ciudades, fue un cambio radical. Un maestro, de 37 años, independiente, pero en la lista del Partido Comunista de España, cogió el bastón arropado por nueve concejales y una concejala, de la misma formación política; cuatro, de UCD y dos del PSOE. Miguel Anguita Peragón, a la sazón, alcalde durante 24 años ininterrumpidos entre PCE e IU-LV-VA, aportó con todos sus equipos, con aciertos y errores, un trabajo denodado y sin remunerar…¡¡¡ Qué tiempos !!!
En aquélla época la democracia se iba abriendo por tramos cronológicos. En este que nos concierne, en la Democracia Municipal, en la del día a día, se hacía muy difícil acometer cualquier empresa que significara buscar trabajo para la población, que por entonces emigrábamos a cientos y a miles, diría yo. De pronto, nos encontramos con una Administración cercana pero que no siempre entraba en el engranaje de la Democracia a nivel estatal. La mayoría del Parlamento recaía en UCD y la inestabilidad y el ruido de sables pululaban en los corrillos o en las tertulias, ya en bares, ya en la trastienda de la Librería Delfos; por parte de la prensa escrita sólo nos enterábamos de lo que tamizaba la censura o el periodista se atrevía –bajo su cuenta y riesgo- a firmar, con el peligro que ello conllevaba. Aquéllos alcaldes, se fueron curtiendo y, tras el mal trago del 23F 1981, abrieron la institución más cercana al ciudadano. Cualquier calle o plaza del pueblo era buena para abordar al alcalde (había muy pocas alcaldesas) y plantearle un problema general o particular. Con el paso del tiempo, la soberanía de los ayuntamientos se fue consolidando como la figura de representación democrática más cercana y asequible a la ciudadanía.
Hoy, pasados esos 34 años, con problemas de corrupción, de transfuguismo, con apariciones de alcaldes fantasmagóricos y populistas, con penurias económicas por mala o interesada gestión o como consecuencia del cambio del artículo 135 de la CE 1978, que somete a las arcas municipales a eso que, eufemísticamente, llaman “estabilidad presupuestaria” cuando mejor vendría en llamarse “asfixia económica” y que obliga a pagar, con prioridad absoluta, la deuda a los bancos con intereses cuasi leoninos. Si a todo esto añadimos la asunción de competencias sin la asignación presupuestaria adecuada…,a pesar de todo, nuestra legislación prevé que los municipios gocen de autonomía para la gestión de sus intereses residiéndolo en el artículo 140 CE 1978,:” La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena… Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos…”. Todas estas posibilidades se verán finiquitadas si progresa el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que presentó el gobierno del Partido Popular el pasado 18 de febrero, en la que se atropellarían unos derechos consolidados durante siete lustros y en la que la figura del alcalde podía llegar a ser sustituida por un gestor económico.
Las pretensiones de esta Ley no dejan inhalar el oxígeno para acometer las competencias en servicios sociales, favorece el tutelaje, la recentralización, los despidos y la privatización (manía del PP per se) de todo lo que concierna al Consistorio. Las Diputaciones Provinciales podrán asumir la titularidad de las competencias de municipios menores de 20000 hab., permitiéndosele que asuman las competencias y la potestad para aprobación de tasas y precios públicos de cualquier servicio que se presta a la ciudadanía; y, en caso extremo -pero factible-, cuando el Interventor comunique a Diputación que decida la intervención (rescate?), por mayoría simple, se podría llegar a la retirada real de los cargos electos de gobierno. Ante estas posibles tropelías, si la ciudadanía no nos organizamos, si los ayuntamientos no defienden su autonomía, si los funcionarios de la Administración Local (desde la figura de Secretaria/o hasta el auxiliar de jardinería) no quieren correr el riesgo de estar, literalmente, en la calle, si la ciudadanía no quiere ver su Ayuntamiento convertido en una empresa privada y gestionados por técnicos estilo Monti en Italia, tenemos que doblegar las pretensiones del Gobierno de Rajoy y mejorando la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con sus revisiones, así como la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, podamos seguir manteniendo nuestras Corporaciones Municipales con un talante y espíritu mucho más democrático sin cambiar a la figura del Alcalde o Alcaldesa por la figura del cacique. Sí, porque en la mayoría de los casos de los pueblos de Andalucía las personas que quieran optar a este tipo de representación municipal, a ser Alcalde o Alcaldesa de su pueblo, no tendrá un sueldo digno, porque la Ley induce a rehusar la propuesta de formar parte de una lista en la que no se le garantice el mismo sueldo que en su trabajo de origen. Conclusión, el diseño está perfectamente concebido para un sector de la población muy minoritario, de entre los que sobresaldrían las personas que tuvieran más que cubiertas sus necesidades económicas y reduciendo así el principio de igualdad de oportunidades independientemente de la procedencia social o situación económica de todos y cada uno de nosotros.
En Torredonjimeno, como en muchos otros pueblos y ciudades, fue un cambio radical. Un maestro, de 37 años, independiente, pero en la lista del Partido Comunista de España, cogió el bastón arropado por nueve concejales y una concejala, de la misma formación política; cuatro, de UCD y dos del PSOE. Miguel Anguita Peragón, a la sazón, alcalde durante 24 años ininterrumpidos entre PCE e IU-LV-VA, aportó con todos sus equipos, con aciertos y errores, un trabajo denodado y sin remunerar…¡¡¡ Qué tiempos !!!
En aquélla época la democracia se iba abriendo por tramos cronológicos. En este que nos concierne, en la Democracia Municipal, en la del día a día, se hacía muy difícil acometer cualquier empresa que significara buscar trabajo para la población, que por entonces emigrábamos a cientos y a miles, diría yo. De pronto, nos encontramos con una Administración cercana pero que no siempre entraba en el engranaje de la Democracia a nivel estatal. La mayoría del Parlamento recaía en UCD y la inestabilidad y el ruido de sables pululaban en los corrillos o en las tertulias, ya en bares, ya en la trastienda de la Librería Delfos; por parte de la prensa escrita sólo nos enterábamos de lo que tamizaba la censura o el periodista se atrevía –bajo su cuenta y riesgo- a firmar, con el peligro que ello conllevaba. Aquéllos alcaldes, se fueron curtiendo y, tras el mal trago del 23F 1981, abrieron la institución más cercana al ciudadano. Cualquier calle o plaza del pueblo era buena para abordar al alcalde (había muy pocas alcaldesas) y plantearle un problema general o particular. Con el paso del tiempo, la soberanía de los ayuntamientos se fue consolidando como la figura de representación democrática más cercana y asequible a la ciudadanía.
Hoy, pasados esos 34 años, con problemas de corrupción, de transfuguismo, con apariciones de alcaldes fantasmagóricos y populistas, con penurias económicas por mala o interesada gestión o como consecuencia del cambio del artículo 135 de la CE 1978, que somete a las arcas municipales a eso que, eufemísticamente, llaman “estabilidad presupuestaria” cuando mejor vendría en llamarse “asfixia económica” y que obliga a pagar, con prioridad absoluta, la deuda a los bancos con intereses cuasi leoninos. Si a todo esto añadimos la asunción de competencias sin la asignación presupuestaria adecuada…,a pesar de todo, nuestra legislación prevé que los municipios gocen de autonomía para la gestión de sus intereses residiéndolo en el artículo 140 CE 1978,:” La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena… Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos…”. Todas estas posibilidades se verán finiquitadas si progresa el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que presentó el gobierno del Partido Popular el pasado 18 de febrero, en la que se atropellarían unos derechos consolidados durante siete lustros y en la que la figura del alcalde podía llegar a ser sustituida por un gestor económico.
Las pretensiones de esta Ley no dejan inhalar el oxígeno para acometer las competencias en servicios sociales, favorece el tutelaje, la recentralización, los despidos y la privatización (manía del PP per se) de todo lo que concierna al Consistorio. Las Diputaciones Provinciales podrán asumir la titularidad de las competencias de municipios menores de 20000 hab., permitiéndosele que asuman las competencias y la potestad para aprobación de tasas y precios públicos de cualquier servicio que se presta a la ciudadanía; y, en caso extremo -pero factible-, cuando el Interventor comunique a Diputación que decida la intervención (rescate?), por mayoría simple, se podría llegar a la retirada real de los cargos electos de gobierno. Ante estas posibles tropelías, si la ciudadanía no nos organizamos, si los ayuntamientos no defienden su autonomía, si los funcionarios de la Administración Local (desde la figura de Secretaria/o hasta el auxiliar de jardinería) no quieren correr el riesgo de estar, literalmente, en la calle, si la ciudadanía no quiere ver su Ayuntamiento convertido en una empresa privada y gestionados por técnicos estilo Monti en Italia, tenemos que doblegar las pretensiones del Gobierno de Rajoy y mejorando la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con sus revisiones, así como la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, podamos seguir manteniendo nuestras Corporaciones Municipales con un talante y espíritu mucho más democrático sin cambiar a la figura del Alcalde o Alcaldesa por la figura del cacique. Sí, porque en la mayoría de los casos de los pueblos de Andalucía las personas que quieran optar a este tipo de representación municipal, a ser Alcalde o Alcaldesa de su pueblo, no tendrá un sueldo digno, porque la Ley induce a rehusar la propuesta de formar parte de una lista en la que no se le garantice el mismo sueldo que en su trabajo de origen. Conclusión, el diseño está perfectamente concebido para un sector de la población muy minoritario, de entre los que sobresaldrían las personas que tuvieran más que cubiertas sus necesidades económicas y reduciendo así el principio de igualdad de oportunidades independientemente de la procedencia social o situación económica de todos y cada uno de nosotros.
1
Gran
conocedor de nuestra Historia, que ha seguido a los más relevantes
historiadores de España como Raymond Carr, Tuñón de Lara, Paul
Preston y al recién fallecido, Julio Aróstegui.
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